Definitivo el derecho a votar de las personas con discapacidad

¡Ya podemos votar todos!

¡Ya podemos votar todos!

Hace un año, nuestro editorial tuvo como título «Derecho a tener una voz y a que esa voz importe».  Nos referíamos a un avance importante en España con relación a las personas con discapacidad: La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad presentar en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para modificar la Ley Orgánica de Régimen electoral General (LOREG). Dicha propuesta fue tomada en consideración por el Congreso y aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

A pesar de nuestra indudable alegría manifestábamos nuestras dudas de que el texto se mantuviera tal y como estaba sin enmiendas.

Un año después podemos mostrarlos orgullosos del avance que ha habido entre los políticos españoles en la aceptación como iguales de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. El 6 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Esta ley ha respetado la propuesta que hizo en su día la Asamblea de Madrid suprimiendo los apartados b) y c) del apartado 1 del artículo tres de la LOREG que permitían a los jueces privar del ejercicio del derecho de voto a las personas declaradas incapaces y a los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial.

Además, se ha modificado el apartado 2 del artículo tres para suprimir la obligación impuesta hasta ahora a los Jueces o Tribunales que conocieran los procedimientos de incapacitación o internamiento, de pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio de sufragio. En su lugar, se ha incluido el siguiente texto:

«Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.»

Queda claro que no se permite el fraude electoral (es decir que una persona se aproveche de otra para utilizar su voto), pero también queda claro el derecho a votar sin discriminación alguna por razón de discapacidad y con los medios de apoyo que sean necesarios.

La ley además añade una disposición adicional para que por ministerio de la ley, queden sin efecto, a partir del 7 de diciembre de 2018 (un día después de la publicación en el BOE), las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas en estas sentencias judiciales y con fundamento en estas disposiciones que acaban de ser suprimidas. Por tanto, las personas a las que se les hubiera limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley. El año 2019 va a ser un año de muchas elecciones y aproximadamente 100.000 personas que estaban privadas de este derecho, van a poder votar. Y su voto va a importar, porque va a tener consecuencias, impacto en las decisiones.

El enfoque de derechos humanos va calando en la sociedad y seguirá haciéndolo mientras sigamos mostrándonos como ciudadanos con plenos derechos. Los frutos de la Convención empiezan a llegar a las personas con discapacidad intelectual.